¿Qué es una Orden de Protección?

Una orden de protección es una directiva legal emitida por un tribunal para prevenir daños o acoso. Su objetivo principal es salvaguardar a las personas y a sus hijos contra la violencia doméstica, violencia sexual, acecho u otras formas de abuso doméstico, restringiendo las acciones y la proximidad del presunto agresor o amenaza. Generalmente, involucra a miembros de la familia o a personas que mantienen una relación íntima.

Existen varios tipos de órdenes de protección:

  • Orden de Protección de Emergencia (EPO): Se concede rápidamente para garantizar seguridad inmediata y suele ser temporal.
  • Orden de Restricción Temporal (TRO): Proporciona una protección más prolongada hasta que pueda realizarse una audiencia judicial completa.
  • Orden de Restricción Permanente (PRO): Se emite después de una audiencia judicial y también otorga protección a largo plazo.

¿Cuál es el Proceso?

Después de recibir la petición, el juez evalúa las pruebas y acusaciones presentadas por la presunta víctima. Esta evidencia puede incluir testimonios de testigos, informes policiales y documentación del abuso sexual mismo.

El tribunal puede imponer varias restricciones al acusado, tales como:

  • Directivas de no contacto
  • Órdenes de mantenerse alejado del hogar o lugar de trabajo del denunciante
  • Mandatos de desalojo si conviven en la misma vivienda

Las violaciones a estas órdenes pueden conllevar graves consecuencias, entre ellas multas, encarcelamiento y pago de daños. También pueden generar estigmatización social y profesional, incluyendo dificultades para encontrar empleo o recibir promociones.

Por ello, es importante contar con un abogado de defensa criminal a su lado si se le emite una orden de protección. En Hirsch Law Group, tenemos amplia experiencia en el manejo de órdenes de protección en Illinois. Nuestro equipo se compromete a ayudar a los clientes a navegar estos procesos legales y a defender su seguridad y derechos legales.

Cómo Afectan las Órdenes de Protección al Empleo

Una orden de protección, a veces llamada interdicto o restricción, puede tener un gran impacto en las perspectivas laborales de una persona. Para los empleadores, las verificaciones de antecedentes son un procedimiento estándar. Una orden de protección registrada puede aparecer en estas verificaciones y levantar alertas.

Los registros públicos muestran órdenes judiciales, incluidas las órdenes de protección. Mientras tanto, los registros privados, como los archivos internos de la empresa, pueden no revelar cómo afecta la orden de restricción a los empleados.

Tener una orden de protección en su contra puede afectar sus derechos y oportunidades, incluyendo lo siguiente:

  • Empleo: El departamento de recursos humanos suele tratar las órdenes de restricción con cautela, especialmente cuando están vinculadas a conductas violentas.
  • Autorizaciones de seguridad: Una orden activa de violencia doméstica puede impedir o revocar la autorización de seguridad, esencial para trabajos en ciertos sectores como el gubernamental.
  • Solicitudes de empleo: Algunos puestos requieren la divulgación de cualquier orden legal, incluso aquellas sin cargos criminales.
  • Armas de fuego: Los trabajos que requieren el uso de armas, como en la aplicación de la ley, podrían verse comprometidos, ya que las órdenes de protección suelen restringir la posesión de armas.

Es crucial buscar asesoría legal para intentar reducir las repercusiones laborales. Las órdenes de protección suelen ser registros públicos, pero en algunos casos pueden ser expurgadas o selladas, dependiendo de las circunstancias del caso y la jurisdicción.

Asegurarse de que las aclaraciones sean claras para los empleadores y mantener una comunicación abierta puede, en ocasiones, mitigar los efectos adversos. Sin embargo, la existencia de una orden judicial de este tipo generalmente exige una consideración minuciosa.

Derechos Legales y Protecciones para los Empleados

Los empleados tienen derecho a numerosas protecciones bajo leyes federales y estatales. Los empleadores deben garantizar seguridad en el lugar de trabajo y un trato justo, compensación adecuada y protección contra la discriminación por raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad, edad y más.

Los empleados con órdenes de protección pueden enfrentar escrutinio en las verificaciones de antecedentes, lo que puede afectar la contratación, las promociones y la seguridad laboral. Los empleadores no deben usar esta información para tomar decisiones sesgadas. Los empleados protegidos pueden presentar cargos por discriminación si consideran que han sido tratados de manera injusta.

En Illinois, los empleados están además protegidos bajo el Senate Bill 1480. Un empleado que sufra discriminación debido a una condena pasada ahora puede presentar una queja ante el Departamento de Derechos Humanos de Illinois.

Implicaciones para la Seguridad Laboral

Los empleadores deben cumplir con las leyes que protegen tanto a los solicitantes como a los empleados actuales que tienen órdenes de protección. El mal uso de esta información puede acarrear consecuencias legales. Por ejemplo, bajo leyes como las de la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), los empleados pueden impugnar prácticas injustas presentando una queja.

Las órdenes de protección generalmente se relacionan con asuntos graves como acoso o acecho. Los empleadores deben comprender las implicaciones y garantizar que las políticas laborales protejan a todos los empleados mientras respetan las protecciones legales.

Al reconocer estos derechos y cumplir con los estándares legales, los empleadores pueden asegurar un entorno de trabajo justo y seguro, evitando al mismo tiempo riesgos legales.

Órdenes de Protección y Verificaciones de Antecedentes

Al solicitar un empleo, las verificaciones de antecedentes se han convertido en una parte rutinaria del proceso de contratación. Sin embargo, las personas con una orden de protección en su contra pueden descubrir que estas verificaciones revelan cierta información legal que puede afectar sus perspectivas de empleo.

Una orden de protección, incluso si no está vinculada a una condena penal, suele aparecer durante una verificación de antecedentes y podría generar preocupaciones en los empleadores potenciales, especialmente si la orden está asociada con acusaciones de violencia, acoso u otras formas de mala conducta.

Los empleadores que realizan verificaciones de antecedentes suelen acceder a registros públicos, que pueden incluir los detalles de una orden de protección. Estas órdenes pueden aparecer en los informes de antecedentes penales, afectando solicitudes de empleo, promociones o traslados internos. La presencia de una orden de protección en el historial del solicitante puede generar un escrutinio adicional, con empleadores que probablemente cuestionen la naturaleza de las acusaciones y su relevancia para el puesto al que se aspira.

Es importante tener en cuenta que, si bien la mera existencia de una orden de protección no equivale a actividad criminal, aún puede tener repercusiones significativas en ciertos sectores laborales, particularmente aquellos que requieren autorizaciones de seguridad, posiciones que involucran armas de fuego o roles en los que la confianza y la seguridad son primordiales.

Sin embargo, en algunos casos, las órdenes de protección pueden ser selladas o expurgadas, dependiendo de las particularidades del caso y la jurisdicción. Las personas afectadas por una orden de protección pueden considerar estas opciones para evitar que la orden aparezca en las verificaciones de antecedentes.

Para reducir el impacto negativo de las órdenes de protección en el empleo, la comunicación clara con los empleadores potenciales es clave. Explicar las circunstancias que rodearon la orden, junto con cualquier resolución legal posterior, a veces puede ayudar a mitigar las preocupaciones y evitar que el problema obstaculice las oportunidades de empleo.

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